NOVEDADES DEL MAGISTER

Publicado el 24/05/2016

Consecuencias de la Constitución de 1980, efectos sobre la reconstrucción post 27F.


Comunicaciones FEE UDP.

El rol de la Constitución chilena, la existencia del sistema binominal que minimiza las exigencias de las rendiciones de cuentas, el concepto de Estado subsidiario, y el modo de designación de autoridades regionales son los aspectos que habrían condicionado fuertemente la reconstrucción y sus resultados, según los panelistas de un seminario que organizó recientemente el Magister en Políticas Públicas.

En marzo de 2010 ocurrió en Chile un terremoto grado 8.8, una magnitud extrema que hizo colapsar el sistema de gestión de catástrofe imperante hasta entonces. Seis años después, la reconstrucción no ha terminado del todo en la práctica. Un gobierno – del Presidente Piñera- asumió a pocos días del terremoto, se tuvo que hacer cargo de una situación de desastre en gran parte del centro sur del país, y entregó la posta al siguiente – de la Presidenta Bachelet. El primero, afirmó que la reconstrucción estaba terminada. El segundo cuestionó fuertemente esta afirmación.

Cómo operó la gestión del gobierno en esta materia y cuál fue la respuesta de la ciudadanía durante los días posteriores de reconstrucción, fueron algunos de los temas relacionados con políticas públicas que abordó un versátil panel de especialistas. Estos fueron convocados por el Magister en Políticas Públicas que dirige la investigadora y académica Claudia Sanhueza.

Participaron los siguientes expositores:
Ignacio Araya (académico Ciencias Políticas, University of Pittsburgh).
Jeanne Simon (directora magister en Política y Gobierno, Universidad de Concepción).
Kirsten Sehnbruch (directora Instituto de Políticas Públicas, U. Diego Portales e Investigadora COES).

Comentaron estas ponencias Genaro Cuadros (Director del Laboratorio Ciudad y Territorio, U. Diego Portales); Paula Forttes (Directora Sociocultural de la Presidencia, Gobierno de Chile), y Magdalena Gil (doctorante, Universidad de Columbia y PUC).

Durante este evento, se lanzó un número especial sobre el tema del Journal Latin American Perspectives.

Los panelistas abordaron la gestión post terremoto desde la perspectiva del marco institucional de Chile y de sus políticas públicas. En Chile, recalcaron todos los participantes, no se cuenta con una institución central que entregue lineamientos para proceder en situaciones de desastres naturales.

Por otro lado, la Constitución de 1980 enmarcó la reconstrucción en una estructura institucional que tendría defectos a la hora de solucionar los problemas de manera eficiente, inclusiva y transparente. La carta magna promueve un Estado con un rol subsidiario, lo que según Araya y Sehnbruch limita el actuar social y económico de éste.

Otro punto estructural que impactó sobre la reconstrucción post movimiento telúrico fue que Chile tiene un sistema fuertemente presidencialista, lo que si bien permitió al Presidente Piñera promulgar con celeridad decretos y leyes necesarios y referidos a la reconstrucción, reduce la capacidad del Congreso y del Poder Judicial para supervisar el actuar de toda principal autoridad.

Igualmente, el actual sistema binominal minimiza los incentivos que tienen los legisladores de representar adecuadamente a sus circunscripciones. En caso de una catástrofe natural, los incentivos para actuar rápidamente y según lo requiera un determinado lugar no están dados desde la perspectiva de la responsabilidad que podría recaer en ciertas autoridades, por cuanto las autoridades regionales (intendentes y gobernadores) son designadas por el/la Presidente. Su tendencia natural, entonces, sería a obedecer al Ejecutivo o a los partidos políticos y no necesariamente a cuidar los intereses de sus representados, las regiones. Asimismo, habría impactado sobre la gestión de catástrofe al favorecer la ocurrencia de irregularidades, sin la sanción que trae aparejada una accountability propia de otro sistema. Por ejemplo, habría habido falta de mayor transparencia en gastos, relaciones impropias entre Estado y privados, etc.

Tampoco, subrayó Sehnbruch, la institucionalidad actual fomenta la necesaria visión de largo plazo a la hora de reconstruir. ‘Sin esta perspectiva temporal, los resultados no serán los esperados ni los óptimos. Durante el terremoto la ejecución de las políticas públicas dependieron mucho de redes sociales (los amigos) y de quién estaba al mando del poder en un momento dado. Si bien este tipo de institucionalidad puede funcionar en una emergencia, no ocurre lo mismo para efectos de reconstruir’, explicó.

A juicio de Ignacio Araya, la estructura institucional puede limitar la accountability u obligación de rendir cuentas. En este caso, de parte de las entidades que participan de una gestión de catástrofe como la que hubo post terremoto. ‘La accountability de los entes públicos debería poner en manos de la sociedad, ONGs, los medios, etc. la exigencia de justificar actos y transparentar actuaciones. Al existir una institucionalidad como la establecida por la Constitución chilena, esto no ocurre’, afirmó. Así, los entes privados terminan sin poder exigir responsabilidades o los poderes autónomos se controlan solos entre sí. Por otro lado, al contar con un Estado subsidiario, señala Araya, se espera que éste sólo efectúe funciones que los privados no pueden hacer. Post terremoto, esta perspectiva del rol público se habría traducido en pocos incentivos para una reconstrucción armónica y coordinada (entre las distintas agencias estatales a cargo). Jeanne Simon explicó cómo, a poco andar, los mismos pobladores de zonas devastadas se hacían cargo de la reconstrucción, ante la no presencia de este Estado subsidiario post catástrofe.

Se criticó, igualmente, que el sector privado se hizo cargo de la mayor parte de las soluciones habitacionales y de infraestructura, sin que hubiera una visión de conjunto o de plan. Al respecto, afirmó Paula Forttes, Delegada de la Presidencia de Michelle Bachelet para la Reconstrucción, ‘los planes maestros definidos por el gobierno anterior no fueron tales. No se presentaron de manera secuencial, coordinada, socializada o legitimada con los distintos actores locales”. Por otro lado, la delegada presidencial reconoció que el terremoto de 2010 fue una catástrofe de magnitud enorme, era difícil actuar.

Otro punto que se comentó fue que se dejó pasar la oportunidad de crear un marco institucional para centralizar los esfuerzos de reconstrucción, dejando un legado para futuros desastres naturales. Al ocurrir el terremoto en un momento de entrada de un nuevo Presidente, Jeanne Simon hizo hincapié en cómo esto había provocado una lentitud en la toma de ciertas decisiones, ante situaciones de saqueo que habrían requerido de un rápido decreto de Estado de Excepción.

Fuente: Comunicaciones FEE UDP - Journal Latin American Perspectives.